La impericia política del gobierno traspasó esta vez todo límite: el ministro de Justicia y DD. HH. Fernando Rabat tomó la insólita decisión de conceder 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por abuso y violación de menores, varias de las cuales quedaron gracias a ello en libertad. La razón esgrimida por el ministro para justificar esta iniciativa es casi peor que el hecho mismo: el Poder Judicial habría sentado jurisprudencia al acoger los recursos de amparo presentados por condenados a los cuales el gobierno anterior les negó el beneficio, aduciendo los tribunales que una ley de 2022, que impide otorgarlo a los sancionados por este tipo de delitos, no podía aplicarse retroactivamente.
El ministro Rabat escudó su decisión en un supuesto criterio unívoco de la Corte Suprema sobre la materia, lo que no es efectivo. Al contrario, en el último tiempo ha habido un evidente cambio de doctrina en el máximo tribunal, rechazando en la mayoría de los casos otorgar el beneficio de reducción de pena a condenados con anterioridad a la vigencia de la ley que explícitamente los excluye. En simple, la autoridad política consideró conveniente conceder el beneficio para ajustarse a una doctrina de la Corte que no era tal, buscando evitar así una eventual “judicialización innecesaria”.
El desatino político es mayúsculo: el deber de ministro era precisamente buscar la “judicialización”, es decir, dejar claro ante la opinión pública que el gobierno no iba a otorgar jamás una rebaja de pena a abusadores y violadores de menores y que, si los tribunales estaban dispuestos a hacerlo, ellos debían asumir la responsabilidad. Pero el ministro hizo lo opuesto: el gobierno cargó con los costos de una decisión impresentable que, al parecer, una vez más no fue discutida ni socializada con el equipo político de La Moneda, no fue evaluada en sus implicancias políticas y éticas o, si lo fue, la autoridad no consiguió anticipar lo que ocurriría al momento de ser conocida.
El impacto ha sido enorme. El gobierno y el ministro de Justicia no sólo son hoy responsables de haber rebajado la condena a 56 abusadores y violadores de niños; también lo son de que algunos de ellos caminen por las calles, poniendo en riesgo a otros menores de edad. Todo, como resultado de decisiones políticas que se supone meditadas y evaluadas en el conjunto de sus implicancias. Porque para eso están los ministros, sus gabinetes y asesores, para evitar que un estropicio de estas dimensiones pueda ser posible.
Pero fue posible. El ministro Rabat quiso que el gobierno asumiera la responsabilidad de esta iniciativa vergonzosa para evitar a los tribunales las incomodidades de una “judicialización innecesaria”. Ahora ya no hay muchas alternativas: de continuar ejerciendo su cargo, el actual titular de Justicia no podrá evitar hacer corresponsable al gobierno y al propio Presidente de la increíble decisión que ha tomado.
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Corte Suprema - Ministro Fernando Rabat. ComentariosLa impericia política del gobierno traspasó esta vez todo límite: el ministro de Justicia y DD. HH. Fernando Rabat tomó la insólita decisión de conceder 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por abuso y violación de menores, varias de las cuales quedaron gracias a ello en libertad. La razón esgrimida por el ministro para justificar esta iniciativa es casi peor que el hecho mismo: el Poder Judicial habría sentado jurisprudencia al acoger los recursos de amparo presentados por condenados a los cuales el gobierno anterior les negó el beneficio, aduciendo los tribunales que una ley de 2022, que impide otorgarlo a los sancionados por este tipo de delitos, no podía aplicarse retroactivamente. El ministro Rabat escudó su decisión en un supuesto criterio unívoco de la Corte Suprema sobre la materia, lo que no es efectivo. Al contrario, en el último tiempo ha habido un evidente cambio de doctrina en el máximo tribunal, rechazando en la mayoría de los casos otorgar el beneficio de reducción de pena a condenados con anterioridad a la vigencia de la ley que explícitamente los excluye. En simple, la autoridad política consideró conveniente conceder el beneficio para ajustarse a una doctrina de la Corte que no era tal, buscando evitar así una eventual “judicialización innecesaria”. El desatino político es mayúsculo: el deber de ministro era precisamente buscar la “judicialización”, es decir, dejar claro ante la opinión pública que el gobierno no iba a otorgar jamás una rebaja de pena a abusadores y violadores de menores y que, si los tribunales estaban dispuestos a hacerlo, ellos debían asumir la responsabilidad. Pero el ministro hizo lo opuesto: el gobierno cargó con los costos de una decisión impresentable que, al parecer, una vez más no fue discutida ni socializada con el equipo político de La Moneda, no fue evaluada en sus implicancias políticas y éticas o, si lo fue, la autoridad no consiguió anticipar lo que ocurriría al momento de ser conocida. El impacto ha sido enorme. El gobierno y el ministro de Justicia no sólo son hoy responsables de haber rebajado la condena a 56 abusadores y violadores de niños; también lo son de que algunos de ellos caminen por las calles, poniendo en riesgo a otros menores de edad. Todo, como resultado de decisiones políticas que se supone meditadas y evaluadas en el conjunto de sus implicancias. Porque para eso están los ministros, sus gabinetes y asesores, para evitar que un estropicio de estas dimensiones pueda ser posible. Pero fue posible. El ministro Rabat quiso que el gobierno asumiera la responsabilidad de esta iniciativa vergonzosa para evitar a los tribunales las incomodidades de una “judicialización innecesaria”. Ahora ya no hay muchas alternativas: de continuar ejerciendo su cargo, el actual titular de Justicia no podrá evitar hacer corresponsable al gobierno y al propio Presidente de la increíble decisión que ha tomado. Por Max Colodro, filósofo y analista políticoMás sobre:Ministro RabatRebaja de condenasResponsabilidadNEWSLETTEROpiniónSábado, AMIdeas en tensión, miradas contrapuestas y un análisis claro: elementos para develar los temas que dividen opiniones y marcarán la agenda. Al inscribirte estás aceptando los Términos y Condiciones y las Políticas de Privacidad de La Tercera.